Una vez que el Protocolo de Kyoto ha sido ratificado y entre en vigor el 16 de febrero, será la referencia que marcará la dirección que afectará a las decisiones corporativas sobre la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en los años venideros. Las restricciones sobre las emisiones de CO2 y los otros 5 gases causantes del calentamiento de la atmósfera son inevitables. La fiabilidad en la medición, cálculo y verificación de la reducción de emisiones será fundamental.

Es fundamental para la credibilidad de la reducción de emisiones y de los mercados de comercio de CO2, una verificación independiente de GEI, esta verificación asegura la fiabilidad y calidad de los métodos de recogida de datos de la reducción de emisiones; son esenciales la transparencia, franqueza y comprobación en todos los aspectos del proceso. DNV como entidad acreditada por ENAC para la verificación EMAS y la certificación de sistemas de gestión medioambiental tiene un papel principal en la verificación independiente anual de emisiones según requisito de la Directiva Europea 87/2003/CE, RDL 5/2004 y RD 1866/2004.

El verificador independiente debe firmar una Declaración de que no hay errores o defectos en los datos reportados de reducción de emisiones GEI. Eso significa que los datos de GEI, deben cumplir unos requisitos relativos a los principios de relevancia, totalidad, transparencia y exactitud, así como cumplir lo que está aprobado en la Metodología de control presentada a las Autoridades y las condiciones del Permiso de Emisión. DNV entregará 2 informes: a) es un informe para la instalación y b) será la declaración / opinión (a entregar a las Autoridades) donde se dictamina si la verificación ha sido favorable o no.

Se divide en 4 etapas:

1.- ANALISIS ESTRATEGICO:

Visión de la instalación y las operaciones/ actividades, cumplimiento, fuentes y plan de control.

Se determinan los umbrales y áreas de importancia y se conoce la complejidad de las instalaciones y métodos de control.

Se revisa el permiso de emisión y la metodología aprobada.

Información sobre verificaciones previas

Identificar áreas clave a revisar “in situ”.

2.-ANALISIS DEL PROCESO Y DE RIESGOS:

Visita a las instalaciones (obligatoria) y entrevistas al personal responsable

Comprender los sistemas de informe (cálculo y/o medición)

Identificar los riesgos principales en la toma de datos y controles asociados.

Se crea el plan de muestreo a seguir en la siguiente etapa

3.- PRUEBA Y MUESTREO:

Definir el muestreo para controlar riesgos residuales.

(P.e. cruce de datos, transferencias/conexiones/cálculos, verificar mantenimiento/ calibración.

Entrega del informe borrador (con no conformidades y observaciones a corregir)

4.- INFORMES:

Revisión de acciones correctoras propuestas

Informe de Verificación y Declaración / Opinión: (Positiva: indicando que las emisiones totales no tienen errores. Negativa: en caso contrario)

En DNV se recomienda planificar el proceso de verificación escalonadamente a lo largo del año y no esperar al último momento. Las etapas 1 y 2 se pueden hacer en los 2 primeros trimestres del año y las etapas 3 y 4 en los 2 últimos trimestres. De esta manera daría tiempo a corregir las desviaciones detectadas con antelación suficiente para recabar los datos sobre las emisiones con un error mínimo admisible. Antes del 28 de febrero de cada año se haría una verificación de los datos de final de año antes de emitir el informe y la Opinión definitiva.

Basado en nuestra experiencia, DNV ha desarrollado su propia metodología para asegurar procesos de verificación creíbles que lleven a certificación de créditos GEI que puedan ser comercializados. Junto a otras compañías de certificación, DNV ha trabajado en desarrollar un nuevo MANUAL DE VERIFICACION Y VALIDACION para el World Bank´s Carbon Prototype Fund y la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA). Este manual da unas guías muy específicas de cómo diseñar e implementar proyectos de reducción de GEI y se puede encontrar en http://www.ieta.org/VVM/VMM_4.htm.

Asimismo se siguen las pautas de la Comisión Europea a traves de las M.R.G. (MONITORING AND REPORTING GUIDELINES) con fecha 29.01.2004, donde en cada uno de los 11 anexos se dan guias especificas por sectores (p.e Anexo VII Producción de Cemento, Anexo X Fabricación de Cerámica) y donde se encuentran los factores de emisión y oxidación a tener en cuenta por cada tipo de fuel, y los factores de emisión estequiométricos por cada tipo de producto (p.e.CaO, MgO en la producción de caliza y cemento; CaCO3 y MgCO3 en las instalaciones de siterización) a usar en la fórmula:

Emisiones de CO2 = Datos Actividad x Factor de emisión x Factor de Oxidación que se aplica para las emisiones de combustión (provenientes del fuel) y de proceso (en función de la actividad)

Otras referencias son las guias “Corporate Accounting and Reporting Standard” desarrollado por el World Business Council for Sustainable Development y el World Resources Institute, o bien la Norma ISO 14064.

En el esquema de comercio de emisiones de la Unión Europea (Emission Trading Scheme, EU ETS), que ha comenzado el 1 de Enero del 2005 se asignará un tope máximo de emisiones anuales a las compañías de sectores específicos en la forma de asignaciones; anteriormente los Gobiernos de cada país han distribuido en su PNA (Plan Nacional de Asignación) las cuotas acordadas (+15% de los valores de 1990 en el caso de España). Los participantes están obligados a entregar una cantidad anual de asignaciones igual a sus emisiones verificadas. Una falta de asignaciones será penalizada, mientras un excedente puede ser vendido o retenido para posterior utilización.

A los créditos que provengan de proyectos reconocidos bajo el Protocolo de Kyoto, se les permitirá convertirlos en asignaciones de la EU desde el 2005, en base a una equivalencia uno a uno en términos de toneladas de CO2 equivalente. Se estima que los costes de atenuación para las compañías europeas, se reducirán a la mitad bajo la posibilidad de importar estos créditos a través del comercio de emisiones.

Antes del 28 de febrero de cada año las instalaciones deben presentar a las Autoridades un informe verificado, el primer año de presentación es 2006.

Se preveé que el alcance de actividades y emisiones afectadas por EU ETS se extenderá gradualmente en el tiempo para incluir otras actividades o sectores como el químico, aluminio y transporte y todos los seis gases de efecto invernadero.

DNV es una fundación independiente con sede en Oslo, Noruega, con una presencia global de 300 oficinas en más de 100 países. Lo que significa conocimientos locales y visión global.

Eso significa que no está sujeta a financiación externa o presiones de partes interesadas y que se puede presentar en el mercado como un verdadero organismo independiente.
Fundada en 1864, el objetivo de DNV es “salvaguardar la vida, la propiedad y el medioambiente”.

Se viene trabajando desde hace tiempo en las cuestiones relativas al cambio climático, destacar el hecho de haber sido la primera organización en el mundo acreditada por las Naciones Unidas en el pasado marzo de 2004 para la validación de proyectos MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio) y que en la actualidad los dos únicos proyectos aceptados por UNFCC han sido validados por DNV:

DNV ha participado desde el primer momento como verificador en el esquema de comercio de emisiones del Reino Unido, con experiencia en BP British Petroleum, y en Holanda en el desarrollo de procedimientos para Verificación y Certificación y Guías para Lineas Base.


Para mas información:

Ricardo.Alvarez@dnv.com
Ana.delRio@dnv.com
+34 91 456 16 00
+34 93 479 26 00

http://www.dnv.es/certificacion
http://www.dnv.com/certification/climatechange/

La reciente aparición del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, que desarrolla parcialmente la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, ha establecido el sistema de evaluación y gestión del ruido ambiental que va a prevalecer y completar la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2002/49/CE.

Con la finalidad de prevenir, reducir o evitar los efectos nocivos derivados de la exposición al ruido ambiental, incluyendo las molestias que causan a los seres humanos.

Cuando hablamos de ruido ambiental, debemos entender que es el generado por actividades, medios transporte o industrias que puede alcanzar a un receptor próximo como viviendas, jardines, zonas residenciales, otras industrias, etc.

Aplicable al ruido ambiental al que estén expuestos los seres humanos, de forma especial en zonas urbanizadas, destacando su actuación en zonas tranquilas, parques públicos, proximidades de centros escolares, y alrededores de hospitales; no aplicándose al ruido producido por la propia persona expuesta, por las actividades domésticas, por los vecinos, en el lugar de trabajo, en el interior de medios de transporte, así como tampoco a los ruidos debidos a las actividades militares en zonas militares, que podrá mantenerse la legislación específica aplicable que las incluya dentro de su alcance, como Ordenanzas Municipales o Normas Militares.

La evaluación y gestión del ruido se desarrolla a través de una serie de medidas como son los mapas estratégicos de ruido, los planes de acción para prevención y reducción del ruido ambiental, y la información a la población.

Las administraciones públicas en cada Comunidad Autónoma debe haber establecido el reparto de competencias entre Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes en censo, Diputaciones Provinciales y Comunidad Autónoma.

Generalmente, en dicho reparto los ayuntamientos son los principales destinatarios de la aplicación de las medidas, debiendo llevar a cabo la elaboración y revisión de los mapas estratégicos de ruido y planes de acción para aglomeraciones urbanas, grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos.

Las Diputaciones Provinciales están destinadas a poner a disposición de los municipios los medios personales, instrumentales y financieros que sean necesarios para el correcto desarrollo de las citadas competencias de los ayuntamientos.

Los organismos competentes de las Comunidades Autónomas coordinarán las competencias de las administraciones públicas en su territorio, aprobarán los mapas estratégicos de ruido y planes de acción, asumirán competencias o reparto de competencias en casos de actuaciones supramunicipales, recopilarán los mapas estratégicos de ruido y los planes de acción, actuarán como interlocutores en situaciones cuyo alcance afecte a otra Comunidad Autónoma u otro Estado, recibirán y trasladarán la información desde los municipios al Ministerio de Medio Ambiente para que este a su vez lo remita a la Comisión Europea y organismos internacionales.

Las Comunidades Autónomas están desarrollando en su legislación aspectos complementarios que deben definirse dentro de sus competencias como:

• Objetivos de calidad acústica
  
• Valores límite acústicos de emisión e inmisión
  
• Métodos de evaluación, en aquellos aspectos no desarrollados por la legislación estatal
  
• Instrumentos y entidades que puedan utilizarse y autorizarse
  
  

Los mapas estratégicos de ruido permiten una evaluación global de la exposición al ruido, en una determinada zona, o para realizar en ella predicciones globales. La finalidad de estos mapas consiste en describir de manera precisa el estado acústico del municipio, de la aglomeración urbana o de la zona afectada para poder adoptar aquellas medidas necesarias para conseguir minimizar el impacto acústico generado por las diversas actividades mejorando con ello la calidad de vida de los ciudadanos.

Los mapas estratégicos de ruido al menos deben incluir la situación acústica existente, anterior o prevista expresada en función de los índices de ruido día-tarde-noche Lden y nocturno Ln, superación de valorres límite del índice de ruido, número estimado de viviendas, colegios y hospitales en una zona dada que están expuestos a valores específicos de un índice de ruido, número estimado de personas situadas en una zona expuesta al ruido. Especialmente, considerarán el ruido procedente del tráfico rodado, el tráfico ferroviario, los aeropuertos e instalaciones industriales

Los mapas estratégicos de ruido estarán elaborados en formato electrónico con presentación numérica y gráfica, utilizará cartografía digital compatible con un Sistema de Información Geográfica (SIG), manteniendo georreferenciados todos los planos, mapas, datos y resultados de población expuesta al ruido.

Los mapas deben presentarse al público en forma gráfica donde muestren la superación de niveles límite, y que permitan comparar situaciones actuales con situaciones futuras.

Los planes de acción frente a la contaminación por ruido ambiental deben incluir las medidas concretas y las acciones prioritarias que se deban llevar a cabo en caso de superación de los valores límite, y de aquellos otros criterios elegidos por las administraciones. Estas medidas deberán aplicarse, en todo caso, a las zonas relevantes establecidas por los mapas estratégicos de ruido y protegerán las zonas tranquilas contra el aumento del ruido.

Los planes de acción incluirán, como mínimo, la descripción de la aglomeración urbana, los principales ejes viarios, los principales ejes ferroviarios o principales aeropuertos y otras fuentes de ruido consideradas, la autoridad responsable, resumen de los resultados de mapa estratégico de ruido, número estimado de personas expuestas al ruido, determinación de los problemas acústicos y relación de las alegaciones u observaciones recibidas en el trámite de información pública, medidas que ya se aplican para reducir el ruido y proyectos en preparación, estrategia a largo plazo, actuaciones previstas por las autoridades competentes para los próximos cinco años, incluidas medidas para proteger las zonas tranquilas, presupuestos, evaluaciones coste-eficacia o costes-beneficios, disposiciones previstas para evaluar la aplicación y los resultados del plan de acción.

Dentro de las medidas que se podrán aplicar estarían la regulación del tráfico, la ordenación del territorio, la aplicación de medidas técnicas para reducir el nivel sonoro emitido por las fuentes o cambiando las fuentes seleccionando fuentes más silenciosas, reducción de la transmisión de sonido, medidas de control y mejora de los niveles de ruido.

Los ayuntamientos informarán al público sobre los resultados de los mapas estratégicos de ruido y los planes de acción correspondientes.

Además, tanto el Ministerio de Medio Ambiente, como la Comisión Europea y organismos internacionales pondrán a disposición de la población los datos resultantes de los mapas estratégicos de ruido y de los resúmenes de los planes de acción.

Antes del 30 de junio de 2007, los ayuntamientos o la autoridad competente asignada deben haber elaborado y aprobado mapas estratégicos de ruido sobre la situación del año natural anterior, correspondientes a todos los municipios y aglomeraciones urbanas con más de 250.000 habitantes y a todos los grandes ejes viarios cuyo tráfico supere los seis millones de vehículos al año, grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supere los 60.000 trenes al año, y grandes aeropuertos existentes en su territorio.

Antes del 18 de julio de 2008, los ayuntamientos o la autoridad competente tendrán elaborados planes de acción dirigidos a solucionar en su territorio las cuestiones relativas al ruido y sus efectos, y en su caso, a su reducción, en sus municipios o aglomeraciones urbanas con más de 250.000 habitantes, para los lugares próximos a grandes ejes viarios cuyo tráfico supere los seis millones de vehículos al año, a grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supere los 60.000 trenes al año, y a grandes aeropuertos.

Antes del 30 de junio de 2012, los ayuntamientos o la autoridad competente asignada deben haber elaborado y aprobado mapas estratégicos de ruido sobre la situación al año natural anterior, correspondientes a todos los municipios y aglomeraciones urbanas con más de 100.000 habitantes y a todos los grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios existentes en su territorio.

Antes del 18 de julio de 2013, los ayuntamientos o la autoridad competente tendrán elaborados planes de acción correspondientes a las aglomeraciones urbanas con más de 100.000 habitantes, a los grandes ejes viarios, y a los grandes ejes ferroviarios situados en su territorio.

Cada cinco años deben volver a elaborarse y aprobarse los mapas estratégicos de ruido.

El desarrollo de la Ley 37/2003 del Ruido y la trasposición de la Directiva 2002/49/CE va a provocar que tanto autoridades municipales, autonómicas y estatales como el propio ciudadano se conciencie del perjuicio del ruido tanto en sus efectos nocivos para la salud como en las molestias que produce.

Desde la autoridades públicas más cercanas al ciudadano como son los ayuntamientos, con el respaldo, apoyo, gestión y coordinación de diputaciones y comunidades autónomas, se aplicarán herramientas de planificación y gestión acústica como son los mapas estratégicos de ruido, los planes acústicos de acción, las declaraciones de zonas acústicamente saturadas y las ordenanzas municipales, siendo estos dos últimos instrumentos ya utilizados por un gran número de municipios, establecidos a través de sus ordenanzas municipales y que ahora tienen el respaldo directo y expreso de la legislación estatal que hasta noviembre de 2003 existía un gran vacío normativo que era necesario cubrir.

Las medidas de control continuo del ruido existente y reducción del mismo llegarán pronto a ser percibidas por el ciudadano en forma de reordenación urbana, cambios en regulación del tráfico, limitación en las actividades industriales y servicios, así como en la concesión de nuevas licencias, pero de forma especial, la información que el ciudadano tendrá a su alcance.